Ángel Víctor Torres, expresidente del Gobierno de Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, recibió en agosto de 2020, en su despacho oficial, a Ignacio Díaz Tapia, uno de los cabecillas de la trama Koldo. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la investigación de este caso aporta nuevos detalles de los contactos que mantuvieron Koldo García, en aquel momento asesor del exministro José Luis Ábalos, los cuatro empresarios investigados –entre ellos Díaz Tapia– y el propio Torres. En el informe entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la UCO concluye que la intermediación de Koldo ante el expresidente regional «abrió las puertas» a los negocios de la trama en las Islas. De hecho, Canarias es la Comunidad Autónoma que adjudicó los contratos públicos más cuantiosos a empresas de la presunta red corrupta: unos 17,7 millones de euros en total.
La reunión entre Torres y Díaz Tapia se produjo la tercera semana de agosto de 2020, en plena segunda oleada del covid. Por entonces el Servicio Canario de la Salud (SCS) ya le había encargado a Soluciones de Gestión –una de las firmas de las que se sirvió la trama para la obtención de contratos públicos– el suministro de mascarillas por un montante de 12,3 millones.
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Sin embargo, lared corrupta también quería hacer negocio con los test para la detección del covid a través de las empresas Fertinvest Consulting y Eurofins Megalab. Y en el Archipiélago vieron una oportunidad. No en vano, en una conversación de Whatsapp entre Koldo y Víctor de Aldama –otro de los cuatro empresarios investigados– del 14 de agosto de 2020, el entonces asesor de Ábalos comenta que Torres ya le había dicho que «quería hablar de este mismo tema». «Es muy importante y nos debe [Torres] una grandísima», respondía De Aldama.
Así que el 17 de agosto, tres días más tarde de aquel intercambio de mensajes entre los dos presuntos conseguidores de la trama, Koldo le envía un mensaje de voz al hoy ministro de Política Territorial. En él, el exasesor de Ábalos le vende a Torres las bondades de Megalab y de su «protocolo de pruebas PCR para facilitar vuelos ‘seguros’ del virus». «Me gustaría comentártelo o que los recibieras para que te lo expliquen, porque creo que es cojonudo y bueno», añadía Koldo, que en el mensaje le aclara al entonces presidente canario que Ábalos tenía «conocimiento» de ello. Torres accede a la petición del asesor en el Ministerio de Transporte y en los siguientes días se reúne con Megalab e Ignacio Díaz Tapia.
Los agentes de la UCO no especifican en su informe el día exacto en que tuvo lugar la reunión entre el ahora ministro de Política Territorial y el empresario investigado, pero esta se produjo, como muy tarde, el 25 de agosto, ocho días después de que Koldo le pidiera a Torres que recibiera a los representantes de Megalab. Así lo atestigua el mensaje de Whatsapp que el propio Díaz Tapia le envía al expresidente el mismo 25 de agosto. Un mensaje que es posterior a la reunión entre ambos y al que ya se aludía –sin detallar su contenido– en un primer informe de la UCO.
En el whatsapp, el empresario investigado se presenta como Nacho Díaz, «del laboratorio Eurofins [Megalab] de la presentación de los laboratorio[s] que vinos [vimos] en su despacho de cara al control de pasajeros» (sic). Tapia adjuntó al mensaje una presentación, en formato PDF, del proyecto para el control de pasajeros, algo en lo que el Gobierno de Canarias tenía mucho interés para garantizar una vuelta a casa segura de los isleños que estuvieran en la Península en las navidades de 2020.
La respuesta de Torres
En su respuesta, Torres emplaza al presunto cabecilla de la trama –los otros tres empresarios investigados son Javier Serrano, César Moreno y Víctor de Aldama, amén de Koldo– a volver a hablar «sobre los avances». Además, el ministro de Política Territorial le pide que le envíe la información «del otro día» –se sobreentiende que la que se le había trasladado en la reunión en su despacho– y le adelanta que había «buena recepción» al proyecto de Megalab. «Seguidamente», relatan los agentes de la Unidad Central Operativa, «Torres compartía el contacto telefónico de Blas Trujillo», quien entonces estaba al frente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, departamento al que está adscrito el SCS.
Díaz Tapia contactó al menos otras dos veces vía Whatsapp con Torres para «organizar ‘el tema de pcr’». Y Koldo ya había hecho lo propio –«Apreta con los pcr que lo consigues seguro queda nada para que los pongan» (sic)– en aquellos días de mediados de agosto en los que se gestó el negocio de Megalab en Canarias.
El caso es que Megalab se hizo con tres contratos del SCS –firmados los días 18 de diciembre de 2020 y 1 de enero y 1 de febrero de 2021– por un montante de casi 5,4 millones de euros. Tres adjudicaciones de las que la UCO concluye que «la actuación de Koldo abrió las puertas de un nuevo negocio» a la trama. En especial por el primero de los contratos para la realización de test a los pasajeros procedentes del resto del país, que «coincide con el proyecto para el cual Koldo habría tratado de ejercer su influencia».
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